SILENCIOS DESIGUALES
Elías Quinteros
La «gente común» no cree en la «Justicia». No cree en el
«poder estatal» que la representa. Ni cree en las personas que las imparten. Pero,
esto no es casual. Constituye el resultado de una conjunción de causas. Entre
las mismas, podemos mencionar el comportamiento de una parte de los que cuestionan
su funcionamiento. Acaso, ¿una porción de las críticas que tienen a la
«Justicia» como destinataria, no configura la consecuencia de la conducta de
los que judicializan los actos gubernamentales que no gozan de su aprobación, porque
no pueden impedir o interrumpir la ejecución de dichos actos mediante los
mecanismos previstos en el sistema democrático? ¿O de los que denuncian a los
funcionarios de turno, por la realización de actos de corrupción, dando origen
a causas judiciales que duran años y que, luego, concluyen con la absolución de
los denunciados? ¿O de los que conceden medidas cautelares que son eternas? ¿O
de los que emiten declaraciones de inconstitucionalidad que resultan sorprendentes?
¿O de los que consienten la paralización de expedientes e, incluso, la
prescripción de causas?
El conflicto que se produjo con las «patronales» del campo, con
las mismas que conformaron la «Mesa de Enlace» y apoyaron los «piquetes» que
bloqueraron las rutas nacionales, cuando el gobierno nacional abordó la
cuestión de las retenciones que gravan las exportaciones agrarias, nos mostró
los vínculos que existen entre esas «patronales» y los grupos empresariales que
explotan la actividad de las comunicaciones masivas. Después, el conflicto que
se produjo con el más importante de estos grupos empresariales —con el monstruo
de las comunicaciones gráficas, radiales, televisivas y electrónicas que
condicionaba la actuación del Poder Ejecutivo—, cuando el gobierno nacional abordó
la cuestión de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, nos
mostró los vínculos que existen entre ese grupo y el Poder Judicial. Y, últimamente,
el conflicto que se produjo con el sector más conservador del Poder Judicial —con
el conjunto de magistrados, fiscales y defensores que tienen en común el hecho
de oponerse a la presidenta—, cuando el gobierno nacional abordó la cuestión de
la judicialización de los actos del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, nos
mostró los vínculos que existen entre ese sector y la Secretaria de
Inteligencia. Durante el desarrollo de cada uno de estos conflictos, vimos, en
líneas generales, a los mismos individuos, es decir, a los mismos empresarios,
a los mismos gremialistas, a los mismos periodistas, a los mismos jueces, a los
mismos fiscales y, por encima de todo, a los mismos políticos. Ellos participaron
o apoyaron las protestas, las marchas y las concentraciones de la oposición. Ellos
acompañaron o defendieron públicamente los «cacerolazos». Ellos acapararon la
atención de los medios comunicacionales con declaraciones que, en más de un
caso, cruzaron la línea de lo destituyente. Y ellos presionaron hasta el
cansancio al Poder Judicial.
Ahora, los vemos de nuevo. En esta oportunidad, su
reaparición está motivada por la «Marcha del Silencio»: un hecho que va a
producirse el miércoles 18. Ellos dicen que van a marchar sin pronunciar
palabras, a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, para que esa muerte
no quede impune. Pero, para la mayoría, la desaparición física del fiscal sólo constituye
una excusa para efectuar un acto opositor. En el fondo, son unos oportunistas. Hablan
de Alberto Nisman y, además, de los muertos de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), porque consideran que eso puede reportarles un
rédito político. Mientras tanto, las ochenta y cinco personas que murieron en
ese sitio, el 18 de julio de 1994, siguen esperando que los responsables sean
individualizados, detenidos, juzgados y condenados. A diferencia de los que van
a participar en la «marcha» con la intención de aparecer en la misma, los
muertos de la AMIA
tienen derecho a constituir, en sí mismos, un cuestionamiento a la actitud de
una «Justicia» que los ignora desde hace veinte años. Por esa razón, frente al
«silencio» que es propuesto por algunos, con el fin de disimular las
intenciones verdaderas de sus actos, me quedo con el «silencio» de los que
murieron en la calle Pasteur. Ese es un «silencio» digno, legítimo y razonable
que emite un mensaje claro y preciso.
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