EL
MOMENTO DE LA REVANCHA
Elías Quinteros
El problema actual
de la Argentina
no es económico aunque algunos indicadores sugieran lo contrario. El problema
es político. Quienes pujan por el precio del dólar y de las mercaderías no tienen
la intención de conformarse con el incremento de su margen de ganancia. Quieren
más que eso. Pretenden doblegar al gobierno nacional, mediante la
desestabilización general de la economía, a fin de volver a los tiempos del
neoliberalismo. Por eso, las medidas técnicas del Palacio de Hacienda que tienden
a contener el alza de la divisa estadounidense y de los productos de los
supermercados no pueden resolver la cuestión de fondo. Esta cuestión, a raíz de
su gravedad, demanda la decisión política de enfrentar dentro del marco democrático
a quienes poseen tal pretensión y, por ende, a los partidos políticos, los
medios comunicacionales y los sectores de la magistratura, la universidad y la
«intelectualidad» que hablan por ellos. Pedir la comprensión de las
corporaciones económicas; reprender públicamente a los representantes de las
organizaciones sindicales; confiar de un modo desmedido en las organizaciones
juveniles; y reunir al «estado mayor», es decir, a los ministros y a los
gobernadores para que se limiten a respaldar con su presencia el discurso oficial;
no parece el camino más adecuado. Por el contrario, las dificultades del
momento exigen el retorno de la mística perdida; la reconstrucción de la
alianza política y social que posibilitó los logros kirchneristas; y la recuperación
de la «calle» por las masas populares y, en particular, por las agrupaciones
sindicales y estudiantiles. ¿Quién puede decir con honestidad que la economía
argentina se encuentra al borde del abismo cuando los niveles de producción,
empleo, consumo y recaudación demuestran lo opuesto? ¿Quién puede hacer eso
cuando los «señores del campo» retienen su producción agraria, cuando el Banco
Central conserva unas reservas razonables, cuando las casas de
electrodomésticos venden televisiones y aparatos de aire acondicionado a un
ritmo vertiginoso y cuando diez millones de personas veranean en los lugares
más diversos del país? Sin duda, la economía local no está en un punto óptimo.
Pero, tampoco se halla en un nivel desastroso. Por ese motivo, detrás de las críticas
de índole económica que son lanzadas contra la
Casa Rosada, encontramos a los que
pretenden voltear y, en su defecto, sojuzgar a Cristina Fernández.
Frente a un
contexto tan delicado, el anhelo de ver un poco de mesura en los empresarios
que juntaron la plata con una pala durante la década kirchnerista; y en los
sindicalistas que presenciaron el crecimiento del empleo, de los salarios y de
las organizaciones que están a su cargo, durante el período señalado; resulta
ingenuo y, por instantes, triste; si nuestra mandataria compara a esos
empresarios con el escorpión que pica a la rana que lo lleva a través de un río
porque tal acto forma parte de su naturaleza; y si, después, cuestiona a esos
sindicalistas por la actitud de los trabajadores que esperan una recomposición
salarial que acompañe el avance de la inflación. Aquí, debemos efectuar una distinción.
No podemos equiparar la «cadena nacional» que convoca a la defensa del «modelo
de país» que está vigente, con la «cadena» que «pasa la pelota» al ciudadano
común y que, en consecuencia, pretende que éste no compre dólares, no posibilite
el aumento de los precios y no desee aumentos salariales que sean elevados. Hoy,
la comprensión, el apoyo y la participación de la sociedad son fundamentales. No
obstante, eso no significa que el Estado deba permitir que la intervención de
la ciudadanía se convierta en un conjunto de acciones improvisadas, desconectadas
y, en definitiva, estériles. En esta oportunidad, el gobierno nacional debe actuar
con firmeza. O, dicho de otra forma, debe enviar un mensaje claro y contundente
para que el desasosiego no se apodere de la población como en el supuesto de la
cuestión policial o de la cuestión energética. Al fin y al cabo, el pronunciamiento
de las fuerzas provinciales; el acuartelamiento de las mismas; la desprotección
de zonas urbanas y rurales; la creación de «zonas liberadas»; la producción de
saqueos; la obtención de aumentos salariales de proporciones considerables por
parte de los efectivos sublevados; el incremento del consumo eléctrico como
consecuencia del calor extremo; la producción de apagones imprevistos, reiterados
y prolongados; el descubrimiento de la falta de inversión en las redes de
distribución; la ineficiencia en el manejo de la crisis; y la ausencia de sanciones
evidentes y ejemplificadoras ante la inconducta de las empresas prestatarias;
configuran un «sapo» intragable.
Los que suponen que
todo se reduce a lo visible (aumento de la fuga de dólares, aumento de la
cotización del dólar oficial, devaluación, retención de la producción
agropecuaria, aumento de los precios en general e incumplimiento del acuerdo celebrado
con los empresarios), no ven lo oculto. Y, al igual que en otras ocasiones, lo
oculto es lo deseado por los sectores que apuestan al fracaso del gobierno aunque
eso implique la ruina y la miseria para el grueso de la sociedad argentina. En este
punto, la disputa es por el poder real y, además, por el poder simbólico. O sea,
los que enfrentan la política gubernamental quieren ganar. Quieren que el
triunfo sea completo. Y quieren que todos perciban que ellos son los
triunfadores. Por lo visto, no desean que lleguemos con tranquilidad al
recambio presidencial. Su intención, más allá de las «cortinas de humo» que aparecen
de tanto en tanto, consiste en minar el camino, obstaculizar la marcha y sabotear
la gestión, para que el país extinga sus recursos y el pueblo pierda su esperanza
y su capacidad de resistencia y lucha. Los plazos se agotan poco a poco. La
tregua concertada con las «patronales del campo», tras el conflicto del año
2008, se debilita lentamente. Y los que aceptaron las condiciones de esa tregua
con el ánimo de los que aceptan una impertinencia sienten que el momento de la
revancha se aproxima. Innegablemente, el gobierno incurrió en más de un error
y, en especial, en los últimos meses. Pero, la ciudadanía no puede actuar como
si no tuviese una cuota de responsabilidad. Muchos de los que no confían en el
peso a pesar de los diez años de estabilidad económica son ciudadanos comunes.
Y muchos de los que adquieren productos remarcados, tras protestar por el
incremento de los precios, también lo son. Infaustamente, mientras la «gente» (expresión
que dice mucho y que, a la vez, no dice nada), descuide su bolsillo, la defensa
de la moneda y del ingreso no resultará un trabajo sencillo y liviano.
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