La regla sagrada por Elías Quinteros

LA REGLA SAGRADA

 Elías Quinteros 

Según lo dictaminado el 17 de junio, por Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, con relación a la causa caratulada: Rizzo, Jorge Gabriel (Apoderado Lista 3 “Gente de Derecho”) s/ Acción de Amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ley 26.855 – Medida Cautelar; y con relación a la causa caratulada: Traboulsi, Carlos Lionel s/ Promueve Acción de Amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional – Medida cautelar; el artículo 114 de la Constitución Nacional no regula al Consejo de la Magistratura, sino que establece que la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores debe sancionar una ley especial con el objeto de efectuar esa regulación. Tampoco determina el sistema de la elección de los miembros del Consejo, ni el número de los representantes de cada uno de los estamentos que lo componen. Simplemente, establece que el Congreso de la Nación debe procurar una composición que sea equilibrada. Por lo tanto, la Ley N° 26.855 —al igual que lo realizado en su momento, por la Ley N° 24.937 y la Ley N° 26.080—, cumple con el mandato constitucional al disponer la postulación de los jueces, los abogados, los académicos y los científicos que desean integrar el Consejo de la Magistratura, a través de agrupaciones políticas de alcance nacional; la elección popular de esos candidatos, mediante el sufragio universal, con las elecciones nacionales de carácter presidencial o legislativo, según el caso; y el incremento del número de los escaños correspondientes a los representantes del ámbito académico y científico. Esta norma, conforme el pensamiento de la Procuradora General, no requiere una interpretación “restrictiva del artículo 114” que arrastre una visión “restringida de la democracia” que se funde en la “representación de intereses sectoriales”; sino una interpretación de las cláusulas de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de jerarquía constitucional de un “modo sistemático y coherente” y, además, de una “forma dinámica y evolutiva” que pueda dar una respuesta adecuada a las demandas y necesidades sociales de la actualidad y a los cambios que operan en una comunidad(1) : algo que implica la consagración del derecho de la totalidad de los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, como uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática y republicana y como una de las formas de reconocimiento de la dignidad humana. 

Infortunadamente, tras analizar la primera de las causas, seis de los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia —Carmen Argibay, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda y Enrique Petracchi—, declararon la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4°, 18 y 30 de la Ley N° 26.855. Sólo Eugenio Zaffaroni tuvo el coraje intelectual para disentir y, en consecuencia, para escribir lo siguiente. “Interpretar la representación en el puro sentido del contrato de mandato del derecho privado es una tentativa de salvar lo que el texto no ha salvado. El argumento contrario corre con la ventaja de que la representación estamentaria en la Constitución Nacional es una excepción, en tanto que la regla republicana es la representación popular. Abunda a este respecto el dictamen de la señora Procuradora General y, por cierto, cualquiera sea la opinión personal acerca de la elección de los consejeros, cabe reconocer que el argumento es jurídicamente fuerte” (Considerando 14, Párrafo Primero). “Nada inhibe a cada magistrado de su incuestionable derecho democrático a disentir con el modelo de elección establecido por la ley y a postular otro diferente, pero ese debate necesario ante la parálisis de una institución indispensable para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, no tiene nada que ver con una inconstitucionalidad manifiesta” (Considerando 14, Párrafo Tercero). “En lo que hace a la medición del esfuerzo por lograr el equilibrio que prescribe la Constitución, lo cierto es que el aumento de número de los consejeros académicos y científicos tampoco es claro que lo destruye, pues aun imaginando que actuasen en forma de bloque, no dominarían el Consejo. La presunción de eventuales alianzas internas no pasa de ser una posibilidad, que de darse sería en el peor de los casos pareja a las coyunturas de la actual estructura, que prácticamente han paralizado sus principales actividades” (Considerando 15, Párrafo Primero). “En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización. Esta independencia es la que en el derecho constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura” (Considerando 16, Párrafo Primero). “En cuanto a la independencia externa, o sea, de los partidos políticos y de los poderes fácticos, que es la que se cuestiona en la causa solo respecto de los partidos, no es posible obviar que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque o la aleje de una u otra de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin ideología, sin una visión del mundo” (Considerando 16, Párrafo Segundo). “Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la única garantía de imparcialidad humanamente exigible es el pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo piensa el otro y le exija coherencia en cada caso, para lo cual es menester que nadie oculte lo que piensa” (Considerando 16, Párrafo Séptimo)(2) . 

El destino, de una manera sorpresiva, otorgó a los integrantes del tribunal más importante de la Nación, la oportunidad de emitir un fallo único, revolucionario e histórico. Pero, todos, a excepción de uno, desaprovecharon dicha oportunidad. Y, por ello, actuaron como los representantes indiscutidos de una corporación que trasluce con facilidad su conservadorismo. Quienes confirieron a la Corte Suprema de Justicia, en la segunda mitad del siglo XIX, la autoridad para interpretar el texto de la Constitución Nacional, concentraron en un número reducido de personas, el poder para trazar una línea entre lo legal y lo ilegal, independientemente de las consideraciones del resto de la sociedad. Sin duda, al obrar de esa forma, crearon una especie de guardia pretoriana. Y, después, confiaron a sus miembros, individuos incapaces de actuar en contra de su clase, el cuidado del ordenamiento jurídico que tenía la finalidad de posibilitar el surgimiento y la consolidación de un país agroexportador. A pesar de los años transcurridos y, por ende, de los cambios producidos, la Corte Suprema de Justicia continúa comportándose como en la época de Juan Bautista Alberdi: circunstancia que la coloca más cerca de un pensamiento arcaico que de un pensamiento contemporáneo. A semejanza de Fernando de la Rúa —que encarna la decadencia de un Poder Ejecutivo que aborda el helicóptero presidencial y abandona la Casa Rosada, mientras los efectivos de las fuerzas policiales reprimen a las personas que desafían el estado de sitio—; y de Julio Cobos —que encarna la decadencia de un Poder Legislativo que sepulta la 125 y traiciona la confianza de la fuerza gobernante, mientras las patronales del ámbito agropecuario jaquean a las personas que defienden el sistema democrático—; Ricardo Lorenzetti encarna la decadencia de un Poder Judicial que impide la modificación del Consejo de la Magistratura y niega la intervención del pueblo, mientras la cúpula de los magistratura local cuestiona a las personas que procuran la reforma de la Administración de Justicia. Y, por esta razón, queda junto a personajes tan impresentables como Jorge Rizzo que —después de obtener un pronunciamiento favorable y olvidar, a causa de la emoción, que conduce el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal—, aconseja a los partidos políticos, con la terminología de un barrabrava, que introduzcan las listas de sus candidatos en el orificio que expele los excrementos(3). 

Aunque la Corte Suprema de Justicia vetó la norma impulsada por el gobierno nacional, de acuerdo a lo manifestado por Mempo Giardinelli, en el artículo Oscuros días de (in) Justicia(4), el proceso de democratización del Poder Judicial constituye una realidad irrefrenable. Quien piense que esto representa el final de dicho proceso incurre torpemente en un error gravísimo e irreparable ya que “más temprano que tarde” —a tono con lo expresado por Cristina Fernández, en la Universidad Nacional de Córdoba, durante la celebración de los cuatrocientos años de esa casa de estudios(5) —, veremos la configuración de una judicatura democrática en el sentido auténtico de la palabra. O, dicho de otra forma, asistiremos inevitablemente a la conformación de una judicatura que no piense que es una aristocracia y que, por ello, no proceda como una casta superior; de una judicatura que, en algunos casos, no sea la parte que juzga y, a la vez, la parte que es juzgada; de una judicatura que no declare la inconstitucionalidad de las leyes que afectan sus intereses o, con más precisión, sus privilegios, argumentando que atentan contra el texto de nuestra Carta Magna; y de una judicatura que no sea tan ingenua, paciente y comprensiva con las medidas cautelares que son interpuestas por los grupos mediáticos de la sociedad. Esta afirmación no es exagerada. Por el contrario, alude al desenlace forzoso de una historia conocida que nos habla de un sistema arcaico, burocrático, lento, despersonalizado e ineficiente, que no paga el “impuesto a las Ganancias”(6), ni está cerca de la gente común, ni cumple con la regla sagrada de dar a cada uno lo suyo. 

[1] ALEJANDRA GILS CARBO, Rizzo, Jorge Gabriel (Apoderado Lista 3 “Gente de Derecho”) s/ Acción de Amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ley 26.855 – Medida Cautelar, 17 de junio de 2013, VII, Párrafos Quinto, Sexto y Diecisiete; y Traboulsi, Carlos Lionel s/ Promueve Acción de Amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional – Medida cautelar, 17 de junio de 2013, VII, Párrafos Quinto, Sexto y Diecisiete.

[2] EUGENIO ZAFFARONI, Estado Nacional s/ Interpone Recurso Extraordinario por Salto de Instancia en Autos: Rizzo, Jorge Gabriel (Apoderado Lista 3 “Gente de Derecho”) s/ Acción de Amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ley 26.855 – Medida Cautelar, 13 de junio de 2013, Considerando 14, Párrafos Primero y Tercero, Considerando 15, Párrafo Primero, y Considerando 16, Párrafos Primero, Segundo y Séptimo.

[3] Duro cruce entre Rizzo y Aníbal Fernández, La Nación, 20 de junio de 2013; “Que se metan las listas en el culo”, Página/12, 20 de junio de 2013; y Rizzo criticó a la oposición por haber anotado alianzas, Clarín, 20 de junio de 2013.

[4] MEMPO GIARDINELLI, Oscuros días de (in) Justicia, Página/12, 20 de junio de 2013.

[5] MARTIN NOTARFRANCESCO, “Más temprano que tarde vamos a poder votar”, Página/12, 20 de junio de 2013.

[6] LUIS BASTUS, “La verdad es que en 2015 quiero ser jueza”, Página/12, 21 de junio de 2013. Palabras pronunciadas el 20 de junio del año en curso, en el Monumento a la Bandera, por Cristina Fernández.

 

Sociologías Latinoamericanas Viernes 5 de julio 9-17 hs

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Sobre la Justicia, las Leyes y los Magistrados por Elías Quinteros

SOBRE LA JUSTICIA, LAS LEYES Y LOS MAGISTRADOS

Elías Quinteros

1. Hace mucho tiempo, Ulpiano, un jurista romano, dijo que la justicia consistía en dar a cada uno lo suyo. Y, a partir de ese momento, más de un integrante del mundo jurídico trató de determinar qué correspondía a cada uno y qué metodología era más apropiada para que cada uno tuviese un trato justo y, por lo tanto, no recibiese ni más ni menos que aquello que le correspondía. Obviamente, las conclusiones variaron con las épocas y las sociedades. Pero, en líneas generales, las opiniones tendieron poco a poco a la universalización de los derechos y de los deberes, para que los primeros no estuviesen en manos de unos y los segundos no estuviesen en manos de otros. Hoy, con la campaña a favor de la democratización de la justicia, la cuestión vuelve a estar en el tapete. Por medio de un léxico que condice con los tiempos que corren y, en consecuencia, por medio de un relato que presenta algunas diferencias con relación a otros que lo precedieron, volvemos a discutir sobre lo mismo: sobre la titularidad de los derechos, sobre la titularidad de los deberes y sobre el reconocimiento o la atribución de dichos derechos y dichos deberes de la manera correcta. Al respecto, algunos dicen que el Poder Ejecutivo pretende eliminar la división de poderes, con la excusa de modificar la Administración de Justica, a fin de gobernar la Argentina sin ninguna clase de limitaciones. Sin embargo, ocultan que su oposición al gobierno nacional no responde a un cuestionamiento jurídico de naturaleza constitucional, sino a una defensa desesperada de intereses corporativos que colisionan con las decisiones gubernamentales de carácter popular que son instrumentadas desde el año 2003. Quienes opinan así conciben al sistema republicano como un sistema que se distingue por la colaboración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en la satisfacción de tales intereses. Por esa razón, la existencia de un Congreso y una Casa Rosada que desoyen sus indicaciones y que, para peor, pretenden que el Palacio de Justicia adopte una actitud similar, es una realidad que los lleva a manifestar que la división de poderes no existe en el país. 

2. La defensa de la justicia, una de las banderas más caras de la derecha argentina, mereció un lugar preferencial dentro de la multiplicidad de motivaciones que alimentaron la protesta del 18 de abril: una manifestación del arco antikirchnerista que reunió a sectores medios que profesan la antipolítica y a políticos desacreditados que ya no saben qué hacer para conseguir un voto. Esta coexistencia momentánea y oportunista de ciudadanos comunes y políticos profesionales, con visiones ideológicas diferentes y, en algunos casos, opuestas, que equivale a una versión degradada de la histórica Unión Democrática, muestra que el deseo de preservar o, por lo menos, de contribuir a la preservación de un modelo de justicia que se caracteriza por la cantidad y la gravedad de sus falencias, es un tema que convoca a una parte de la sociedad local y a un sector de la clase política que aspira a representarla. Con relación a esto último, en Los mensajes del 18-A, editorial aparecida el 20 de abril, en el matutino La Nación, se apoyó la protesta. Se argumentó contra la reforma promovida por el poder ejecutivo. Y, luego, se abogó para que la corporación judicial, la corporación empresaria y la corporación política, independientemente de su condición oficialista u opositora, uniesen sus fuerzas en contra del gobierno nacional. A todas luces, la intención de crear una situación que, de manera sospechosa, imitase a las que posibilitaron los golpes suaves que derrocaron a José Manuel Zelaya, presidente legítimo de Honduras, y a Fernando Lugo, presidente legítimo de Paraguay, revela que la justicia, en su estado actual, es una pieza esencial para la preservación del orden existente. En el fondo, quienes defienden el estado actual de la justicia argentina no quieren que la democracia se amplíe y se profundice. A raíz de esto, cada vez que critican la ley que modifica la conformación del Consejo de la Magistratura porque la misma dispone que la ciudadanía debe elegir a los integrantes de ese órgano que representan a los jueces, los abogados y los académicos, demuestran que no quieren que el pueblo intervenga en cuestiones que le atañen. Demuestran que no quieren que el pueblo vote. Demuestran que no quieren que el pueblo elija. Y demuestran que no quieren que el órgano que controla a los magistrados responda a los intereses de las mujeres y los hombres del pueblo, sino a los intereses de las mujeres y los hombres de las corporaciones. Del mismo modo, cada vez que critican la ley que modifica el régimen de las medidas cautelares, demuestran que no quieren que el sistema judicial responda a un régimen democrático, sino que responda a un régimen corporativo y, en consecuencia, sectorial. Esto es más que evidente. Por eso, la expresión democratización de la justicia —que tiende a denominar el proceso impulsado por el gobierno nacional, con el fin de subsanar algunas de sus fallas—, resulta más que adecuada. 

3. Increíblemente, la sanción, la promulgación y la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, de la Ley N° 26.522 o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma destinada a desmonopolizar el campo de las comunicaciones que utilizan el espacio radioeléctrico, constituyó el elemento que exteriorizó los males del sistema judicial y, con ello, la necesidad de su reforma. La capacidad del Grupo Clarín, el conglomerado de empresas que domina el mercado comunicacional, para prolongar en forma indefinida la vigencia de una medida cautelar que lo exime del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, evidencia las limitaciones de la magistratura argentina: una magistratura que, por obra de algunos de sus integrantes, irradia la imagen de una corporación que no quiere tocar los intereses de un grupo económico, aunque encarne a uno de los poderes del Estado. De un modo contundente, las idas y vueltas del conflicto judicial que existe entre este conglomerado y el gobierno nacional desprestigia al Poder Judicial, ante la mirada atónita de una sociedad que ya no cree en la integridad de sus jueces. Así, por un lado, vemos la imagen de un juzgado de primera instancia (el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1), que suspendió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según los deseos del Grupo Clarín; y que, llamativamente, modificó su actitud cuando cambió de titular. Por otro, vemos la imagen de un tribunal de segunda instancia (la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal), que mantuvo la suspensión de la ley; que, después, estableció que la medida cautelar debía durar tres años y debía comenzar a partir de Ia notificación de la demanda, en lugar de hacerlo a partir del otorgamiento de la medida; que, después, prorrogó la duración de ese plazo hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva; y que, después, aceptó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el Grupo Clarín. Y, por otro, vemos la imagen de un tribunal superior (la Corte Suprema de Justicia de la Nación), que destacó la conveniencia de fijar un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar, en lugar de establecerlo de una forma precisa; que, aunque modificó el modo de computarlo, declaró la razonabilidad del plazo de tres años; que, tardíamente, estableció que el juez de primera instancia debía resolver el asunto de inmediato; y que, por último, confirmó la prórroga de la vigencia de la medida cautelar hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva. 

4. Desde que el Grupo Clarín S.A. consiguió que un magistrado lo eximiese provisoriamente del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (hecho que aconteció el 7 de diciembre de 2009), el grueso de la sociedad aguarda el dictado de una sentencia que resuelva la cuestión de una manera concluyente. La prolongación de esta circunstancia, algo que prueba la imposibilidad de alcanzar tal resolución en un tiempo razonable, refuerza los argumentos de los que abogan por una reforma del Poder Judicial que devuelva al mismo el prestigio perdido: un desafío de resultado imprevisible que anticipa la llegada de tiempos tormentosos si tomamos en cuenta la reacción generada por la sanción, la promulgación y la publicación de la Ley N° 26.790 o Ley del recurso extraordinario por salto de instancia; y, en especial, por la sanción, la promulgación y la publicación de las leyes de la reforma judicial (la Ley N° 26.853 o Ley de creación de Cámaras Federales de Casación, la Ley N° 26.854 o Ley de medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional, la Ley N° 26.855 o Ley de modificación del Consejo de la Magistratura, la Ley N° 26.856 o Ley de publicación íntegra de acordadas y resoluciones, la Ley N° 26.857 o Ley de ética en el ejercicio de la función pública, y la Ley N° 26.861 o Ley de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación). En tal sentido, la respuesta de varias entidades del ámbito legal (Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Asociación Argentina de Derecho Procesal, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Asociación de Mujeres Jueces de Argentina); al igual que la actitud de la mayoría de las cámaras judiciales (Cámaras Federales de Apelaciones de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, General Roca, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Posadas, Resistencia, Rosario, Salta, San Martín y Tucumán; Cámara Federal de la Seguridad Social; Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil, en lo Civil y Comercial Federal, en lo Comercial, en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Criminal y Correccional Federal y en lo Penal Económico; y Cámara Nacional Electoral); manifiestan la resistencia de una corporación que no quiere perder sus privilegios. 

5. En este punto, lo expresado por Alejo Ramos Padilla, Juez Federal de Dolores, a raíz de la interposición de una acción declarativa de inconstitucionalidad, contra la ley que modifica el Consejo de la Magistratura, resulta revelador en más de un aspecto: “Aunque parezca una contradicción, corresponde recordar que fueron ‘los juristas’ -abogados, jueces y académicos-, los que a lo largo de la historia legalizaron y justificaron los quebrantos al orden constitucional y con eso la posibilidad de la ciudadanía de ejercer su soberanía, ya sea impidiendo la realización de elecciones populares, legitimando los golpes de Estado o autorizando que sean otros distintos a los representantes del pueblo los legitimados a dictar las leyes” . Pero, el desarrollo de esta clase de conducta, por parte de los miembros de la corporación jurídica, a lo largo de un siglo, tuvo una finalidad concreta: la de favorecer a un conjunto de sectores económicos que alcanzaron una posición dominante con la ayuda de abogados litigantes que defendieron sus posturas, jueces que acogieron sus reclamos y profesores universitarios que justificaron sus actos. Esta situación de subordinación, que ya no pasa desapercibida, replantea la cuestión de la independencia del Poder Judicial. Y, junto a esto, actualiza el problema de la extensión real de dicho principio republicano. Con relación a lo dicho, Alejandra Gils Carbó, Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostiene que esa independencia debe ser total. Es decir, no sólo debe liberar a los miembros de la judicatura de los poderes políticos. También debe liberarlos de los poderes económicos para que todos puedan atender debidamente el interés general: “(…) Es obvio que el Poder Judicial debe ser independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero de eso sí se habla habitualmente. Hablemos, entonces, también de lo que no se habla. De la independencia de los poderes fácticos. ‘Lo que no se nombra no existe’, decía Ludwig Wittgenstein. Si tocamos la cuestión de la independencia hay que hablar de todo. Si miramos el mundo veremos cómo algunos jefes de Estado de los países centrales han sucumbido en manos de los poderes fácticos. Financieros, por ejemplo. Directivos de grandes corporaciones llegaron a reemplazar a jefes de Estado o de Gobierno en Europa. Y esas corporaciones financieras eran las que habían causado, justamente, la crisis financiera internacional sin que nadie hablara demasiado de ese conflicto de intereses. No hablar de eso y actuar en consecuencia equivale a saltearse los límites que hubiera merecido cada situación. Límites entre el sector financiero y el poder político. Como se ve, no solo aquí sino en el mundo está en el tapete el objetivo de la independencia completa. Tanto el funcionario del Ejecutivo como el legislador, y también el magistrado, deben velar por el interés general. Y ese interés general tiene que ser un equilibrio de intereses entre el poder económico y el resto de la organización que se dan los ciudadanos en un proyecto común que tienda al bienestar general. Cuando uno se transforma en una marioneta del poder económico porque le conviene, porque le da buena prensa, porque es cómodo y porque así evita las notas falsas, se está alejando de su función (…)” . 

6. En concordancia con lo anterior, Alejandro Slokar, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, dice: “(…) El Judicial es un poder político por su condición de poder del Estado y debe dirimir entre los poderes, pero no sólo en referencia al Ejecutivo o al Legislativo, que son los poderes formales a los que el Judicial debe controlar, sino además –y a veces sobre todo– respecto de los poderes fácticos. Usted piense que debemos dirimir entre enormes intereses económicos, representados por grandes estudios jurídicos, cuando a veces los ciudadanos ni siquiera tienen para contratar un abogado y, con suerte, deben recurrir al patrocinio gratuito. Por supuesto que existe republicanamente la división de poderes, pero también uno debe preguntarse qué hace el Poder Judicial frente a los sectores concentrados del poder económico, de la hegemonía mediática, ya que hay intereses que son tanto o más poderosos, que procuran poner en jaque a la autoridad estatal (…)” . Su pregunta es acertada. Cuando la realidad nos sorprende con novedades tan desconcertantes como el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/2013 o Decreto de defensa de la libertad de expresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (una norma dictada por Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para favorecer al Grupo Clarín); o como la catarata de acciones judiciales que fueron incoadas contra la ley que modifica el Consejo de la Magistratura (una acción desesperada que procura frenar el proceso de democratización de dicho órgano); comprendemos lo imperioso de un recambio generacional que debe provenir de la “voluntad popular” (según lo declarado por Carlos Rozanski, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata N° 1 ); y que debe producir un tipo de juez que conozca la “realidad social y política del lugar donde va a dictar sentencia” (conforme lo manifestado por Beinusz Szmukler, presidente del Observatorio de la Justicia Argentina ). 

7. Unicamente, con la priorización de un modelo diferente de abogado y, por ende, con la modificación del modelo predominante de letrado litigante, de funcionario judicial, de magistrado, de docente universitario y de investigador, tendremos una justicia que merezca tal denominación. Mientras esto no se produzca, el sistema judicial será un sistema injusto con los que se acercan al mismo para resolver sus conflictos y con los que se esfuerzan para prestigiar su imagen, por medio de su trabajo cotidiano. El desafío, sin ninguna clase de tremendismos, implica un cambio de mentalidad y de perspectiva. Como muestra de lo dicho, tenemos lo expresado por María Romilda Servini de Cubría, Jueza Criminal y Correccional Federal N° 1, en uno de sus fallos más recientes: “(…) en el procedimiento de selección de candidatos establecido para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, todo el proceso de postulación de precandidatos se efectúa ante las Juntas Electorales de los partidos políticos, lo cual producirá el poco deseable efecto de obligar a los candidatos jueces a deambular por las sedes partidarias a efectos de controlar todas las circunstancias relacionadas con sus candidaturas, y luego a ser protagonistas de campañas electorales y participar en actividades proselitistas, lo que resulta totalmente incompatible con la necesaria independencia política que debe demostrar todo Magistrado” . Aquí, apreciamos dos cuestiones. Por una parte, notamos que el texto presenta a los jueces como personas que no tienen una postura ideológica; que no participan en la elección de los que representan a los poderes ejecutivo y legislativo de los ámbitos nacional, provincial y municipal; y que no poseen intereses políticos, económicos, sociales y culturales, por el hecho de no estar afiliados a una organización partidaria. Y, por la otra, percibimos que los exhibe como seres superiores que están por encima de la política: actividad que aparece como algo inferior, como algo oprobioso que los somete a un ultraje indescriptible e injustificable. Esto, precisamente, demanda un cambio. Y, dicho cambio, aunque algunos no quieran verlo ni quieran admitirlo, es forzoso y, por ello, urgente.

Medición de precios al consumidor: entre la ciencia y el Pro. por Ana María Edwin

Medición de precios al consumidor: entre la ciencia y el Pro

Tras el anuncio del gobierno nacional, referido al acuerdo por el cual las principales cadenas de súper e hipermercados mantendrán en los próximos meses una canasta de 500 productos con los precios de venta vigentes al 1 de febrero de 2013, el pasado sábado el diario Clarín descubrió que "hay grandes diferencias en los precios congelados". Evidentemente quienes tienen la responsabilidad de informar buscan confundir. Nuestro gobierno instrumenta una política de acuerdo de precios, y no una política de precios máximos, fijos y uniformes.

por Ana María Edwin

La dispersión de los precios es un comportamiento propio del mercado en la Argentina y en el mundo. Este es un aspecto que el Indec tiene en cuenta a la hora de elaborar el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y que, entre otros, también está asociado a la cadena de valor de los productos. La amplitud de las variaciones de precios entre productos iguales o similares se amplifica aun más si se considera la totalidad del territorio nacional.

A modo de ejemplo, si como señala Clarín el precio del kilo de manzanas en un hipermercado es de $ 12,90 y en otro es de $ 2,99, podríamos preguntarnos: ¿se está analizando la misma variedad? Es decir, las manzanas en cuestión, ¿presentan las mismas características? Los consumidores conocemos las diversas calidades de un mismo producto. Técnicamente, para dar cuenta de diferencias de precios, es imprescindible que las especificaciones sean idénticas al comparar precios en distintos locales y al realizar las mediciones a lo largo del tiempo.

Además de las características de cada producto, se pueden encontrar diferencias según la estructura de la cadena de valor. Por caso, hay productos que llegan al consumidor a través de una cadena de comercialización corta (productor-venta minorista), en tanto otros lo hacen a través de una larga (productor-mayorista-minorista), lo que puede resultar en que se verifiquen diferentes precios al consumidor. Los índices, como toda la información conexa que conforma la publicación de un Instituto de Estadística, deben reunir los requisitos indispensables que le permitan al usuario (público, privado, nacional e internacional) aprehender las realidades socio-económicas.

No todos los consumidores son iguales. Coincidiremos en que no son comparables los bienes y servicios consumidos por una pareja de adultos mayores con los que requiere una pareja con hijos menores o jóvenes. Tampoco es comparable el consumo de los sectores de altos, medios o bajos ingresos.

La elaboración de un Índice de precios apunta a medir las variaciones de productos o servicios homogéneos; es decir, una canasta de bienes y servicios fija en el tiempo, que son seleccionados a partir de encuestas previamente realizadas a la población. Como quedó expresado en el ejemplo de la manzana, durante un relevamiento de precios se enfrentan situaciones relacionadas con la falta de homogeneidad de los productos, que deben ser corregidas mediante la aplicación de métodos estadísticos de valoración de atributos y mediante la selección adecuada de variedades y locales en que se toman las muestras. Esta situación explica las diferencias de precios para un mismo producto en los distintos locales donde se toman los mismos.

Considerando estas circunstancias, informar un precio promedio no homogéneo como manifestó el jefe de gobierno Mauricio Macri con respecto al Índice de Precios de la Ciudad, puede inducir a errores de interpretación.

Volviendo al ejemplo de las manzanas y suponiendo que se trata de la misma variedad, el promedio aritmético del precio del kilo de manzanas sería $ 7,95. Sin embargo, es probable que en el mercado no haya local donde el producto se encuentre a ese precio. Un promedio, sea aritmético o geométrico, elimina por definición el desvío de los precios y no necesariamente refleja los precios que el consumidor encuentra en las góndolas y negocios de su localidad. Este es el motivo por el cual el Indec no informa promedios geométricos de precios de las variedades que mide. En conclusión, tiene mucho mayor valor informativo un índice de precios que encadena variaciones de precios de productos homogéneos en una secuencia mensual, dentro de la misma variedad, que la comparación de precios promedio de productos con altos niveles de heterogeneidad.

Con estas definiciones técnicas estamos desarrollando un índice nacional de precios al consumidor urbano, que contempla toda la estructura de consumo, incluye una amplia diversidad de zonas y niveles de ingreso, y tiene en cuenta que en el país coexisten regiones con distintas características.

Independientemente de las ultrajantes expresiones del Ing. Macri, seguramente resultado de su limitado vocabulario y de su permanente necesidad de confrontar con el gobierno nacional, y más allá de las generalidades que enunció con relación al proyecto, será importante cotejar las fuentes utilizadas para la elaboración de la canasta de bienes y servicios y sus ponderaciones; los métodos aplicados para la elección de variedades bajo medición; la selección de las áreas de relevamiento; la selección de locales informantes y sus métodos de remplazo; los métodos de imputación de datos faltantes; el tratamiento de valores fuera de rango y de variedades con alta estacionalidad; la organización del trabajo de campo y las fórmulas de cálculo utilizadas; entre otros aspectos técnicos.

Entonces, con todo respeto le sugiero informarse en torno a nociones básicas sobre el complejo cálculo que implica realizar estadísticas serias sobre precios, así como también –dado que con relación al acuerdo de precios, manifestó no creer en este tipo de medidas–, ilustrarse acerca de las políticas económicas instrumentadas en la República Argentina.

También señaló Macri que el proyecto fue diseñado por su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el legislador Rogelio Frigerio (nieto). Es mi más sincera expectativa que no sea el presidente de la consultora Economía & Regiones, ex secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación en los '90, y en tal carácter máximo responsable del Indec, quien esté a cargo de la elaboración del indicador. Los trabajadores del Instituto recordamos que su aporte a la "calidad" y "confiabilidad internacionalmente reconocida" de las estadísticas oficiales ha sido nula. Por cierto, sus respuestas acerca del índice publicado por su empresa son difíciles de calificar a nivel científico: la consultora E&R demostró tener dificultades para sumar. La sumatoria de ponderaciones a nivel de capítulo –el nivel más agregado– le daba 93,8%, en lugar de 100 por ciento.

Además de la intencionalidad política de este nuevo índice para la Ciudad, nos preguntamos: ¿cuál será su finalidad? ¿Considerarlo a la hora de presentar el presupuesto anual, indexar los salarios, incrementar el ABL,… o ajustar la deuda de los porteños con el Sistema Financiero que el Ing. Macri incrementa período a período? No obstante lo anterior, confío en los debates técnicos con el personal encargado de elaborar el índice de la Ciudad, los que sin duda enriquecerán el análisis acerca de la evolución de los precios al consumidor y su medición.

Bienvenido, entonces, el baño de realidad para quienes desconocen los principios básicos de elaboración de estadísticas oficiales.

Entrevista a Oscar Valero Diez preguntas sobre la década kirchnerista

DIEZ PREGUNTAS

SOBRE LA DECADA KIRCHNERISTA (VII)

“SOMOS MUCHOS, SOMOS MAYORIA”

Entrevista a Oscar Valero (*)

Elías Quinteros: En la elección presidencial del año 2003, en las postrimerías del mandato de Eduardo Duhalde, veinte millones de argentinos repartieron sus votos entre Carlos Menem (Frente por la Lealtad - Unión del Centro Democrático), Néstor Kirchner (Frente para la Victoria), Ricardo López Murphy (Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento), Adolfo Rodríguez Saá (Movimiento Popular Unión y Libertad), Elisa Carrió (Afirmación para una República Igualitaria), y Leopoldo Moreau (Unión Cívica Radical). ¿Qué pensabas de Néstor Kirchner antes del acto eleccionario?

Oscar Valero: No me generaba confianza, por su alianza con Duhalde, conocía el pacto con clarín (ojo va con minúscula). Néstor luego explicaría como asumió su mandato, los condicionamientos que soportó. Las necesidades políticas de que estuvieran a su alrededor ciertos personajes que hoy no están y que por algo son oposición.

EQ: Tras asumir como presidente, Néstor Kirchner tuvo que enfrentar una serie de situaciones graves que requerían soluciones urgentes, en un contexto nacional e internacional que no favorecía la gestión gubernamental. ¿Qué hechos constituyeron sus logros más importantes?

OV: Lo primero fue una nueva Corte Suprema con prestigiosos juristas, no reprimir manifestaciones significó que otro país estaba en marcha y que son respectados todos los derechos humanos. Derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia de Vida. Quitar los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar. Néstor fortaleció la alianza con los países latinoamericanos fortaleciendo el MERCOSUR y consolidando la Unasur. Hacer realidad la frase “Chau al Fondo” fue genial, convendría recordar quienes no estaban de acuerdo con esta medida. Por primera vez en muchos años se controlan a las empresas y estas dejan de tener trabajadores en negro. Los Ministerios de Trabajo o Delegaciones fallan en sus pleitos a favor del obrero. En la lucha contra la pobreza logro reducir la misma del 47 % al 23 %. Néstor asumió su mandato con el 22,7 % de los votos y terminó con un porcentaje de popularidad del 60 al 65 %.

EQ: En el año 2007, Néstor Kirchner no buscó la reelección presidencial. Por ese motivo, Cristina Fernández fue designada como candidata del Frente para la Victoria. Y, posteriormente, fue elegida como presidenta de la Nación. ¿Qué pensaste en ese momento respecto de dicha cuestión?

OV: No entendía por qué Néstor no aspiraba a una reelección, en realidad Cristina no me generaba confianza. Confieso que muchos momentos de la vida uno elige ver la copa medio vacía y no media llena, hay que tener cuidado con esto no es bueno para la salud.

EQ: En el año 2008, la pretensión gubernamental de aplicar un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de trigo, maíz, soja y girasol, mediante la implementación de la Resolución Nº 125 del Ministerio de Economía, generó un conflicto con las cuatro organizaciones de productores agrícolas y ganaderos que integraron la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Tal conflicto duró más de cien días y comprendió paros patronales, piquetes rurales en las rutas y en los puentes, manifestaciones callejeras en las ciudades, cacerolazos, desabastecimiento de alimentos, aumento de precios, despidos de trabajadores, incendios de pastizales y hechos de violencia en general. ¿Qué sentiste durante su desarrollo?

OV: Una enorme preocupación, estábamos en la Plaza de Mayo con mi compañero Marcos Roselli y la oposición había logrado tres veces más que nosotros de concurrencia en Palermo, pero ya veía el vaso medio lleno, al observar en esa manifestación mucha concurrencia individual, eran compañeros agradecidos que se transformaban en militantes.

EQ: Al igual que Néstor Kirchner, Cristina Fernández no tuvo una vida tranquila durante el desarrollo de su primera presidencia (enfrentamiento con las organizaciones de productores agrícolas y ganaderos, con el grupo de empresas Clarín, con los partidos políticos de la oposición, etc.). ¿Qué aspectos fueron los más relevantes?

OV: La Asignación Universal por Hijo, la estatización de los fondos jubilatorios, la estatización de Aerolíneas Argentinas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Plan Raíces que sirvió para repatriar 800 científicos, el nuevo Polo Tecnológico de Palermo y la impactante mega muestra Tecnopolís con 4.500.000 visitantes, el Programa Conectar Igualdad con que desde el 2010 al 2012 entregó tres millones de netbooks a cada alumno y docente de los educación secundaria de escuela pública, cerró su primer mandato con su proyecto de libertad de expresión y la libertad de prensa de la despenalización de las calumnias e injurias, este proyecto fue aprobado por el Congreso en noviembre del 2009. Todo esto logrado en un marco significativo como fue el rechazo a la Resolución 125 y traición de su vicepresidente en el voto del Senado, superar la derrota electoral del 2009, es la única Presidenta que gobernó sin presupuesto desde 1983, soportar la rebeldía de un presidente del Banco Central que pretendía no renunciar tras intentar bloquear un pago de la deuda externa.

EQ: Aunque todavía no llegamos a la mitad de su segundo mandato… ¿Qué cuestiones ya aparecen como las más notorias?

OV: La Ley de Medios no se puede aplicar, porque existe una justicia no independiente, hay hechos vergonzosos que vivimos desconcertados, poner esto en discusión nos da esperanza. Se va acabar el dicho: “hacete amigo del juez”. La privatización del 51 % de las acciones de YPF es un acto revolucionario, porque está demostrando que el apoyo del capital privado es por la confianza que genera el Estado Argentino a pesar del boicot al respecto de grupos empresariales.

EQ: Ultimamente, más de una persona considera que algunos asuntos que inciden en la región, en el país o en la fuerza gobernante, no son atendidos de la forma adecuada. Y, por ende, demandan la profundización de algunos aspectos de la gestión y la corrección de otros. ¿Cuáles tienen que ser profundizados? ¿Y cuáles tienen que ser corregidos?

OV: Creo que hay un aspecto central que no se tiene en cuenta y es que es imposible gobernar un país sin el consenso del 80% de sus habitantes, esto lo dicen economistas y algunos periodistas de Pagina Doce y Tiempo Argentino. En el año 1973 un Anciano Presidente lo hizo, entonces es posible. Si a la oposición no la manejamos nosotros lo hace clarín y no observo en ese lugar gente tan brillante, como si la hay de nuestro lado. Lo más importante hoy es ganar las elecciones de Octubre y que clarín solo sea un diario. El gobierno realizó medidas extraordinarias y en ocasiones no son comunicadas, a no ser que consideremos como nuestros medios de comunicación a Duro de domar, TVR y el programa 678, creo que estamos para algo mucho mejor, cuando la periodista García le hace preguntas en la Plaza de Mayo a nuestros compañeros las respuestas son brillantes. Los problemas a solucionar los encontramos en salud y la educación. La salud sobre todo, en los grandes centros de salud hacen circular la idea de que es un logro que cada vez un paciente esté menos tiempo internado y es por un problema de costos que el mismo es dado de alta en poco tiempo. En educación vemos docentes reclamando y no siendo escuchados, algo sucede en la Provincia de Buenos Aires, el docente no está preparado para una rebelión en el aula, la medida de que el adolescente no esté en la calle es muy buena, pero no es acompañada por una familia en crisis, esto último no es responsabilidad de nuestro gobierno, viene de antes. Con respecto a la región una alegría enorme ver a doce cancilleres juntos, es obra de nuestros pueblos que supieron encontrar un Chávez, un Lula, un Correa, un Evo Morales, un Néstor y una Cristina.

EQ: A veces, unas palabras tienen la capacidad necesaria para definir a una persona. ¿Qué palabras pueden retratar a Néstor Kirchner? ¿Y qué palabras pueden retratar a Cristina Fernández?

OV: El ejemplo de Néstor es dar su vida por nuestra causa, ni más ni menos. Cristina sigue poniendo el cuerpo, perdió su mano derecha que fue su compañero y además superar un problema de salud que espero esté controlado por el bien de ella y de todos los argentinos.

EQ: Uno de los rasgos distintivos del período kirchnerista consiste en el carácter, la cantidad, la magnitud y la importancia de los acontecimientos que están asociados al mismo. ¿Qué hecho de este período impactó profundamente tu vida? ¿Por qué?

OV: No esperaba que la jubilación volviera a ser del Estado, lo daba como algo remoto, casi imposible. Lograr vivir con su jubilación no era algo posible en el 2003, además solucionar la jubilación de todos los que se habían quedado sin trabajo.

EQ: Una gestión gubernamental puede afectar la existencia de una persona, en uno o en varios aspectos, positiva o negativamente. ¿Qué cambió en la tuya a partir de la asunción presidencial de Néstor Kirchner?

OV: Sentirme acompañado en mis permanentes reclamos a una vida mejor, me doy cuenta que no estoy solo, somos muchos, somos mayoría. Tener una jubilación digna, ser jubilado de Luz y Fuerza es un orgullo gracias a que la jubilación es del Estado.

(*) Licenciado en Sociología (UBA)

Entrevista a Sandra Conte Diez preguntas sobre la década kirchnerista

DIEZ PREGUNTAS

SOBRE LA DECADA KIRCHNERISTA (VI)

“UN NUEVO RELATO PARA NUESTRA HISTORIA”

Entrevista a Sandra Conte (*)

Elías Quinteros: En la elección presidencial del año 2003, en las postrimerías del mandato de Eduardo Duhalde, veinte millones de argentinos repartieron sus votos entre Carlos Menem (Frente por la Lealtad - Unión del Centro Democrático), Néstor Kirchner (Frente para la Victoria), Ricardo López Murphy (Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento), Adolfo Rodríguez Saá (Movimiento Popular Unión y Libertad), Elisa Carrió (Afirmación para una República Igualitaria), y Leopoldo Moreau (Unión Cívica Radical). ¿Qué pensabas de Néstor Kirchner antes del acto eleccionario?

Sandra Conte: No lo conocía.

EQ: Tras asumir como presidente, Néstor Kirchner tuvo que enfrentar una serie de situaciones graves que requerían soluciones urgentes, en un contexto nacional e internacional que no favorecía la gestión gubernamental. ¿Qué hechos constituyeron sus logros más importantes?

SC: En lo inmediato, retomar la presencia estatal en la resolución de conflictos laborales (como fue el caso docente en Entre Ríos), fue el puntapié inicial para posicionar nuevamente al Estado como actor social relevante con una clara direccionalidad política. Con una mirada a más largo plazo, la reestructuración de la deuda y la decisión de comenzar el camino de desendeudamiento, a pesar de las críticas de propios y ajenos, (incluso por izquierda) fue la materialización de una de las tres banderas históricas partidarias que constituyó la base de sustentación de las otras dos. Sin independencia económica, no hay justicia social posible y la soberanía política es una ilusión (sí, suena muy “peroncho”, pero es tal cual!)

EQ: En el año 2007, Néstor Kirchner no buscó la reelección presidencial. Por ese motivo, Cristina Fernández fue designada como candidata del Frente para la Victoria. Y, posteriormente, fue elegida como presidenta de la Nación. ¿Qué pensaste en ese momento respecto de dicha cuestión?

SC: Pensé que si había llegado hasta allí de la manera en que lo había hecho, algo sabía de Cristina que yo no… y “me sobraban los motivos” para confiar en su decisión.

EQ: En el año 2008, la pretensión gubernamental de aplicar un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de trigo, maíz, soja y girasol, mediante la implementación de la Resolución Nº 125 del Ministerio de Economía, generó un conflicto con las cuatro organizaciones de productores agrícolas y ganaderos que integraron la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Tal conflicto duró más de cien días y comprendió paros patronales, piquetes rurales en las rutas y en los puentes, manifestaciones callejeras en las ciudades, cacerolazos, desabastecimiento de alimentos, aumento de precios, despidos de trabajadores, incendios de pastizales y hechos de violencia en general. ¿Qué sentiste durante su desarrollo?

SC: Mucha impotencia, la sensación de que muchos compatriotas la seguían “comprando cambiada” a la historia. Más allá de los esfuerzos por explicar con paciencia oriental y militante los entretelones de la disputa y los dos modelos de país que se ponían en tensión, tanta oreja de pescado alrededor, especialmente entre quienes no usufructuaban los beneficios del modelo que intentaba desestabilizar al gobierno, me generaba impotencia.

EQ: Al igual que Néstor Kirchner, Cristina Fernández no tuvo una vida tranquila durante el desarrollo de su primera presidencia (enfrentamiento con las organizaciones de productores agrícolas y ganaderos, con el grupo de empresas Clarín, con los partidos políticos de la oposición, etc.). ¿Qué aspectos fueron los más relevantes?

SC: Su convicción en perseverar en la senda planeada, su paciencia para explicar una y otra vez el sentido de las transformaciones que se estaban consolidando, la certeza de que entre los jóvenes estaría garantizada la continuidad del proyecto.

EQ: Aunque todavía no llegamos a la mitad de su segundo mandato… ¿Qué cuestiones ya aparecen como las más notorias?

SC: La fortaleza para resistir los embates cada vez más irracionales de los poderes económicos  concentrados.

EQ: Últimamente, más de una persona considera que algunos asuntos que inciden en la región, en el país o en la fuerza gobernante, no son atendidos de la forma adecuada. Y, por ende, demandan la profundización de algunos aspectos de la gestión y la corrección de otros. ¿Cuáles tienen que ser profundizados? ¿Y cuáles tienen que ser corregidos?

SC: Profundizar, sin duda, la redistribución no sólo material sino también simbólica de los bienes circulantes. Hay un defasaje importante aún que atraviesa poblaciones, territorios y demandas diversas, y ése constituye el desafío para todos los que militamos este proyecto. En cuanto a las correcciones, creo que hay –o no hay claramente explicitadas, mejor dicho- dos políticas claves que permitirían saldar cuestionamientos que más allá de carecer de argumentos, no encuentran respuestas posibles de parte de much@s de nosotr@s: una es la cuestión ambiental y otra la de las comunidades originarias.

EQ: A veces, unas palabras tienen la capacidad necesaria para definir a una persona. ¿Qué palabras pueden retratar a Néstor Kirchner? ¿Y qué palabras pueden retratar a Cristina Fernández?

SC: NK: Capaz, creativo, preclaro, político. CFK: equilibrio, ovarios, luchadora, cerebro y corazón

EQ: Uno de los rasgos distintivos del período kirchnerista consiste en el carácter, la cantidad, la magnitud y la importancia de los acontecimientos que están asociados al mismo. ¿Qué hecho de este período impactó profundamente tu vida? ¿Por qué?

SC: Habilitar la construcción de un nuevo relato para nuestra historia, pasada, presente y futura.

EQ: Una gestión gubernamental puede afectar la existencia de una persona, en uno o en varios aspectos, positiva o negativamente. ¿Qué cambió en la tuya a partir de la asunción presidencial de Néstor Kirchner?

SC: La sensación de dignidad y consecuentemente de orgullo de pertenecer a esta comunidad. La alegría de compartir con mis hijos e hijas la construcción de una vida que vale ser vivida.

(*) Licenciada en Comunicación (UBA)