BUITRES (II) por Elías Quinteros

BUITRES (II)

por Elías Quinteros

El editorial de La Nación, del 18 de junio del año en curso, titulado El riesgo de continuar por el camino equivocado, es un texto que defiende abiertamente los intereses de los fondos buitres, en lugar de defender los intereses del pueblo argentino: algo que no produce ninguna sorpresa. En una parte del mismo, con relación al cambio de la jurisdicción correspondiente al pago de los bonistas que aceptaron el canje de la deuda pública, se dice: “A fin de justificar su decisión, Kicillof expuso como de cumplimiento inmediato junto a la aceptación del fallo, el pago a los demás bonistas que no entraron en el canje. Además, planteó una interpretación inadecuada de la cláusula que obligaría a dar las mismas condiciones a los que aceptaron el canje. Esa cláusula (rights upon future offers) sólo regiría cuando el gobierno argentino ofrece mejores condiciones y no cuando se ve obligado a aceptar una sentencia judicial. Lo cierto es que el pago hoy requerido es de 1330 millones de dólares. La suma de 15.000 millones mencionada por la Presidenta y su ministro sólo surgiría de pagos futuros y graduales en la medida en que haya nuevos reconocimientos judiciales”. Analizando lo expuesto, percibimos que el editorialista afirma que la interpretación de la cláusula rights upon future offers que, según el Ministro de Economía, obliga a dar condiciones similares a los acreedores que aceptaron el canje, es inadecuada porque sólo rige si el gobierno argentino ofrece a los acreedores que no aceptaron dicho canje condiciones más ventajosas: situación que no se produce si el gobierno se ve en la obligación de aceptar una sentencia judicial que sólo lo obliga a pagar 1.330.000.000 de dólares. Pero, después, agrega en forma llamativa que la suma de 15.000.000.000 de dólares mencionada por la presidenta y el ministro alude a pagos futuros y graduales o, expresado de otra manera, a pagos que el Estado argentino tendrá que afrontar de acuerdo a los reconocimientos judiciales que se produzcan. Entonces, la interpretación de Axel Kicillof no es errada. Y todo se reduce a permitir que el tiempo transcurra mientras los acreedores litigan contra la Argentina.

En otra parte, se expresa: “Una sana política que recupere las condiciones para reponer reservas debería preferirse a este camino que intentaría eludir el fallo y nos llevará a consecuencias impredecibles, probablemente tan perjudiciales como las de un default”. Conforme lo escrito, una política sana que preserva las reservas del Banco Central no es la que evita el pago de algo que es improcedente, ni es la que evita la producción de una catarata de reclamos que son impagables. Sin duda, para quien cuestiona la estrategia gubernamental desde una publicación que defiende al neoliberalismo, una política sana es la que preserva tales reservas mediante la reducción del gasto público y el incremento del endeudamiento externo, es decir, mediante la instrumentación de las recetas que produjeron la crisis del año 2001. Acorde con esto, se argumenta que el tratamiento de los acreedores por parte del gobierno fue de una agresividad inusitada: “El discurso oficial en relación con la deuda pública en default transcurrió en los últimos años dentro de la habitual dialéctica amigo-enemigo. Tanto durante la declaración de la cesación de pagos como en el proceso de reestructuración de la deuda, hubo una actitud oficial sumamente agresiva. La negociación llevada a cabo en 2005 fue inédita en el mundo por su agresividad y la magnitud de la quita reclamada. Fue acompañada de una ley cerrojo que impedía al Gobierno cualquier futuro arreglo con los que no se adhirieran al canje. La descalificación hacia estos últimos fue luego permanente, aunque el canje fue reabierto en 2010”. Tal apreciación une arbitrariamente la declaración de la cesación de pagos (que sucedió antes de la asunción presidencial de Néstor Kirchner), y el proceso de la reestructuración de la deuda (que sucedió después). Y, además, da a entender que la negociación llevada a cabo no fue la correcta: opinión cuestionable desde más de un punto de vista. Sin embargo, pasa por alto que la magnitud de la quita obtenida en esa negociación fue histórica. Por lo tanto, el resultado final demuestra que la estrategia desarrollada no fue disparatada.

Más adelante, se afirma lo siguiente: “Los grupos de tenedores originales de bonos no canjeados y los fondos que después de 2001 los adquirieron a bajo precio y tomaron el costo y riesgo de un reclamo por la vía judicial fueron categorizados como ‘fondos buitre’. El discurso oficial enfatizó en su maldad y encuadró como cómplice a todo juez que les reconociera el derecho a cobrar que les daba el contrato de emisión”. Aquí, los fondos buitres son presentados como unos fondos pícaros que aprovecharon la oportunidad para adquirir bonos de la deuda pública a bajo precio y que, luego, asumieron el costo y el riesgo de reclamar su pago por la vía judicial. En otras palabras, no son merecedores de un cuestionamiento jurídico y moral por su conducta carroñera, sino de una actitud comprensiva y, por instantes piadosa, por su supuesto estado de indefensión. Finalmente, se agrega: “La evaluación pura de las circunstancias judiciales fue reemplazada por un alegato conspirativo que supone una maniobra urdida por los centros del poder económico internacional. Este viejo y desubicado argumento populista descolocó al gobierno nacional ante la culminación comprensible del proceso judicial. El confuso discurso de la Presidenta en el mismo día del fallo expuso su dificultad para retroceder a posiciones más serias y racionales. Volvió a agitar teorías conspirativas, reafirmando su voluntad de pago sólo a quienes se adhirieron al canje y dejando en duda el cumplimiento de la sentencia del juez Griesa. La posterior exposición del ministro Kicillof mantuvo el mismo tono. De ratificarse en los próximos días, el camino elegido nos apartará del concierto internacional y ensombrecerá el futuro de nuestro país. Lo más aconsejable sería desechar las recetas hostiles y no cerrar la puerta que abrió en su momento el juez Griesa para una negociación”. Esta conclusión profetiza que la ratificación del camino elegido nos apartará del concierto internacional. Pero, ¿ya no estábamos aislados del mundo?

Ver que una diario que se llama La Nación no argumenta a favor de la Argentina, sino a favor de unos acreedores que pretenden extorsionarla, resulta paradójico. No obstante, esta paradoja pierde su carácter de tal cuando recordamos que el concepto de nación, para dicha publicación, no comprende a la mayoría de los argentinos. Sus intereses reales y, a veces, no explicitados, coinciden en algunos puntos con los de estos fondos que proceden como si tuviesen el poder de unos dioses. Y, por ello, ejerce el rol de su defensor. Hace tiempo, en Manual de zonceras argentinas, Arturo Jauretche escribió con relación al cuarto poder y, por extensión, con relación a La Nación, entre otros diarios: “El cuarto poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas que son, primero empresas, y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios y recibiendo avisos. Pero el negocio no consiste en la venta del ejemplar, que generalmente da pérdida: consiste en la publicidad. Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada ‘libertad de prensa’, una manifestación de la libertad de empresa a que aquélla se subordina, porque la prensa es libre sólo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses”. Es decir, no estamos ante un editorialista independiente y objetivo, sino ante un abogado de los fondos buitres. Ahora bien, ¿quién entiende, justifica y defiende a un fondo que se enriquece con la carroña porque considera que su forma de actuar es correcta no merece compartir el nombre que caracteriza a ese fondo?