BUITRES
Elías Quinteros
La legitimación por parte de la magistratura
estadounidense de la conducta de los «fondos buitres», es decir, de los fondos
que compraron títulos de la deuda pública de la Argentina, a un
porcentaje ínfimo de su valor nominal, con el propósito de reclamar judicialmente
el cobro de la totalidad de ese valor, avala la práctica de la especulación
financiera en su grado más elevado de avaricia e inmoralidad. A su vez, la
convalidación de esta clase de prácticas, a costa de los derechos del noventa y
tres por ciento de los acreedores que renegociaron con el gobierno nacional el
cumplimiento de los compromisos externos y aceptaron la reducción del sesenta y
cinco por ciento del capital adeudado, la disminución de los intereses y la
prolongación de los plazos de pago, santifica de un modo inconcebible la
actuación carroñera de una de las expresiones actuales del egoismo más descarnado.
Pero, aquí, no estamos ante una cuestión jurídica ni ante una cuestión
financiera. Aquí, estamos ante una cuestión política. Y, desde esta
perspectiva, tenemos que analizar lo sucedido. Quienes no escuchan las razones
de la Argentina
y, por lo tanto, de un Estado que honra con normalidad los compromisos asumidos
desde la reestructuración de su deuda; quienes no escuchan las razones de los
acreedores que tuvieron la sensatez de bajar el nivel de sus pretensiones para
que el país pudiese recuperar su capacidad de pago y, con ello, pudiese abonar
lo adeudado de una manera razonable; quienes no escuchan las razones de los
Estados que reestructuraron sus deudas en el pasado reciente, a semejanza del
nuestro; quienes no escuchan las razones de las naciones y de los organismos
internacionales que ven con preocupación la situación creada; y quienes no
escuchan las razones del sistema financiero en general; emiten un mensaje: un
mensaje que dice con claridad y contundencia que ellos están por encima de los
demás. Y quienes justifican mediante una resolución judicial a quienes piensan
de esa manera exteriorizan de un modo inequívoco que están a su servicio,
aunque traten de mantener una imagen de independencia e imparcialidad.
Sin duda, esto tiene una finalidad
disciplinadora. El sector más insaciable del mundo de las finanzas a escala
planetaria utilizó a la justicia estadounidense o, dicho de otra manera, a la
justicia del «Imperio», para manifestar que no está dispuesta a permitir que
ninguna nación se oponga a su voluntad. La satisfacción de sus pretensiones por
el gobierno de Cristina Fernández y, en consecuencia, el pago en efectivo de la
totalidad de lo reclamado por medios judiciales sentaría un precedente
peligroso ya que el resto de los «fondos buitres» que tienen títulos de la
deuda argentina y la totalidad de los acreedores que admitieron la
reestruturación de esa deuda podrían efectuar un reclamo similar: algo que
desangraría las reservas del Banco Central, debilitaría el instrumento que previno
más de una «corrida financiera» y crearía las condiciones adecuadas para el
estallido de una crisis económica de dimensiones indescriptibles. Por otra
parte, el sometimiento del país a este chantaje indisimulado implicaría un
golpe terrible para la región y un debilitamiento inevitable para el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). Incluso, la onda expansiva podría afectar los vínculos existentes
entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica: los países que son conocidos por
la sigla «BRICS». Esto, digámoslo sin rodeos, sería la revancha por la Cumbre de las Américas de
Mar del Plata; por la actitud de Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva y
Néstor Kirchner en esa ocasión; por el papelón de George Bush; y por el
entierro del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La existencia de unos fondos que, por ejemplo,
desafían al gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos de Europa y al
Fondo Monetario Internacional (FMI), resulta preocupante porque demuestra que
nadie controla el comportamiento de los exponentes más codiciosos del poder
financiero: unos exponentes que actúan desde hace un tiempo, sin ningún tipo de
culpa, como el matón de un barrio que se encuentra sujeto a sus caprichos. En medio
del proceso que rige la evolución del capitalismo, las manifestaciones más aptas
y, por ende, las que se adaptan con una comodidad mayor a las transformaciones
de su medio dominan a las restantes. Y, en la etapa actual de dicho proceso, tales
manifestaciones, según parece, se hallan representadas por estos fondos que se
dedican a carroñear y carroñear con una libertad ilimitada. El lunes a la
noche, a horas del pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados
Unidos que rechazó la apelación interpuesta por el gobierno nacional y, por tal
motivo, de la confirmación de la decisión de la Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito que había ratificado el fallo del juez Thomas Griesa, Cristina
Fernández, a través de la Cadena Nacional,
presentó el asunto en sus justos términos. Así, en un pasaje de su discurso,
ella dijo que había que distinguir entre «lo que es una negociación» y «lo que
es una extorsión». Y, luego, agregó que lo acontecido era la «convalidación de
un modelo de negocio a escala global» que iba a producir «tragedias inimaginables».
En realidad, los titulares de los «fondos buitres» —que coinciden políticamente
con los dueños de los medios comunicacionales que defienden su causa, con los simpatizantes
del «Tea Party» que atienden sus pedidos y con los integrantes de la
magistratura que aceptan sus argumentaciones—, tienen dos objetivos. Por un
lado, quieren cobrar el valor total de sus títulos. Y, por el otro, quieren
escarmentar a la Argentina.
Nuestro país no es un ejemplo elogiable para
ellos. Por el contrario, la decisión de pagar lo adeudado de una forma que no
afecte el crecimiento económico ni la inclusión social es algo inadmisible,
desde su punto de vista. Inexorablemente, su actitud lleva a una repetición de
lo vivido en el año 2001: incumplimiento de los compromisos externos; crisis económica;
desocupación; reducción de los salarios y de las jubilaciones; desatención estatal
de las cuestiones relativas a la educación, a la salud y a la asistencia social;
debilitamiento del gobierno; desacreditación del sistema democrático; etc. Por eso,
la instrumentación de las medidas necesarias para que los acreedores que
intervinieron en la reestructuración de la deuda puedan cobrar en la Argentina, sin ninguna
clase de inconvenientes, implica la recuperación de una porción de nuestra soberanía
que fue cedida durante la vigencia del neoliberalismo. Repetimos lo dicho al
principio. Lo resuelto por la
Corte Suprema de los Estados Unidos legitima la práctica de
la especulación financiera en su grado más elevado de avaricia e inmoralidad:
circunstancia que atenta contra la justicia y, además, contra las posibilidades
económicas del país. En este punto, no podemos proceder irreflexiva e
irresponsablemente. Tenemos que pagar. Esa es la verdad. Sin embargo, esa verdad
no significa que debamos descuidar a los acreedores que contemplaron la
situación de la Argentina,
para atender al chantaje de unos fondos que sólo piensan en ellos mismos.
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